Analizamos el T铆tulo IX de la ley de Reforma Tributaria, 27.430, vinculada al R茅gimen Penal Tributario, con relaci贸n a los delitos relativos a los recursos de la Seguridad Social y procedimiento administrativo y penal.

 

En materia penal tributaria, la reforma plantea la derogaci贸n de la Ley 24.769, Ley Penal Tributaria, vigente hasta la fecha, instaurando un nuevo r茅gimen Penal Tributario mediante un texto completamente nuevo.

Como primera medida, lo que se hace es incrementar los umbrales de punibilidad, llevando la condici贸n objetiva de punibilidad a montos mayores, actualizando de esta manera estos valores.

Los delitos tipificados y que comentaremos a continuaci贸n hacen referencia a la comisi贸n de los mismos a instancia de los fiscos Nacionales, Provinciales o de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, en su caso.

Delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social


En el T铆tulo I del nuevo ordenamiento se tratan los delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social. En este sentido se disponen los siguientes delitos comprendidos, que exponemos, para su mejor y m谩s ordenada comprensi贸n, en el siguiente cuadro:

Delitos fiscales Comunes


Con respecto a los delitos fiscales comunes, que tambi茅n afecta a los recursos de la seguridad social, en el T铆tulo III del nuevo ordenamiento se expresan las pautas establecidas que resumimos en el siguiente cuadro:

Disposiciones generales


Dentro de las disposiciones generales que establece la nueva Ley Penal Tributaria, que tambi茅n son aplicables al caso de los Recursos de la Seguridad Social, se determinan agravamientos y condiciones que veremos seguidamente.

Las escalas penales expuestas en los cuadros se podr谩n incrementar en 1/3 del m铆nimo, y hasta 1/3 del m谩ximo (por ejemplo, para el caso de Evasi贸n Simple, podr谩 llevarse el m铆nimo a 2 a帽os y 8 meses, y el m谩ximo a 8 a帽os), para el caso de funcionarios p煤blicos o empleados p煤blicos que en el ejercicio o en ocasi贸n de sus funciones tome parte de los delitos previstos por la ley.

N贸tese la distinci贸n que se hace entre 鈥渆n ejercicio鈥 y 鈥渆n ocasi贸n鈥, donde se refiere a los per铆odos en los que los funcionarios p煤blicos hayan prestado servicios.

Adem谩s, de darse estos extremos, es decir, de participar en este tipo de delitos los funcionarios o empleados p煤blicos, los mismos quedar谩n inhabilitados de manera perpetua para desempe帽arse en la funci贸n p煤blica.

Cuando alguno de los hechos previstos en la ley se hubiese ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, asociaci贸n de hecho o ente al que, no obstante no ser sujeto de derecho, las normas le atribuyan condici贸n de obligado, la pena de prisi贸n se aplicar谩 a:

  • Directores
  • Gerentes
  • S铆ndicos
  • Miembros del consejo de vigilancia
  • Administradores
  • Mandatarios
  • Representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible

Incluso cuando el fundamento a la representaci贸n sea ineficaz.

Adem谩s 鈥 cuesti贸n que no fue bien vista y que es discutida tanto a nivel doctrinario como en la justicia 鈥 se imponen a la persona de existencia ideal, en nombre de la cual, con la intervenci贸n o en beneficio de la cual, se hubieran realizado los hechos delictivos, las siguientes sanciones, conjunta o alternativamente:

  1. Suspensi贸n total o parcial de actividades, que en ning煤n caso podr谩 exceder los cinco (5) a帽os.
  2. Suspensi贸n para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios p煤blicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ning煤n caso podr谩 exceder los cinco (5) a帽os.
  3. Cancelaci贸n de la personer铆a, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisi贸n del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
  4. P茅rdida o suspensi贸n de los beneficios estatales que tuviere.

Los jueces deber谩n merituar, a efectos de la aplicaci贸n de las sanciones antes detalladas:

  • El cumplimiento o no de reglas o procedimientos internos de los entes
  • La omisi贸n de vigilancia sobre la actividad de los autores y part铆cipes
  • La extensi贸n del da帽o causado
  • El monto de dinero involucrado en la comisi贸n del delito
  • El tama帽o, naturaleza y capacidad econ贸mica de la persona jur铆dica.

Se atender谩n los casos en los que fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, de una obra o de un servicio en particular, no siendo aplicables en esos casos la suspensi贸n de actividades, ni la cancelaci贸n de la personer铆a.

Agravamientos

En los casos en que se d茅 algunos de los siguientes delitos antes tipificados:

  • La utilizaci贸n fraudulenta de exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, donde el monto evadido supere los $ 400.000.
  • La obtenci贸n de reconocimientos, certificaciones o autorizaciones para gozar de una exenci贸n, desgravaci贸n, diferimiento, liberaci贸n, reducci贸n, reintegro, recupero o devoluci贸n de la seguridad social mediante declaraciones enga帽osas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o enga帽o, por acci贸n u omisi贸n.

Adem谩s de las penas previstas para cada caso, desarrolladas en los cuadros precedentes, los beneficiarios perder谩n los beneficios y la posibilidad de obtener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 a帽os.

A su vez, se prev茅n otro tipo de sanciones para quienes de alguna manera coadyuven o contribuyan de alguna manera a la comisi贸n de los il铆citos tipificados.

Resumimos en el cuadro siguiente la relaci贸n de los distintos actores que plantea la ley con la vinculaci贸n en cuanto a su participaci贸n en cada caso.

La ley establece que el que a sabiendas realizara los siguientes actos, ser谩 pasible de las sanciones que se detallan.

En los casos de Evasi贸n Simple y Evasi贸n Agravada, la acci贸n penal se extinguir谩 si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los 30 d铆as h谩biles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputaci贸n penal que se formula.

En estos casos la AFIP estar谩 autorizada a no realizar la denuncia penal.

Procedimiento administrativo


En todos los casos la AFIP deber谩 formular la denuncia una vez resuelta en sede administrativa la impugnaci贸n de las actas de determinaci贸n de deuda de los recursos de la Seguridad Social, aun cuando los actos sean recurridos por el contribuyente.

En los casos en que no corresponda la determinaci贸n administrativa de la deuda se realizar谩 la denuncia una vez que se llegue a la convicci贸n de que se cometi贸 el il铆cito, mediante decisi贸n fundada del departamento jur铆dico de la AFIP.

Cuando la denuncia penal la realice un tercero, el juez remitir谩 los antecedentes a la AFIP para que inicie el procedimiento de verificaci贸n y determinaci贸n de la deuda

La AFIP deber谩 resolver la impugnaci贸n del acta determinativa, y por ende realizar la denuncia respecto de la determinaci贸n de deuda, en un plazo de 120 d铆as h谩biles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de la propia AFIP.

La AFIP tendr谩 la facultad de no formular la denuncia penal cuando surgiere manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible, dadas las circunstancias del hecho o por mediar un comportamiento del contribuyente o responsable que permita entender que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretaci贸n normativa o aspectos t茅cnico contables de liquidaci贸n.

A estos efectos podr谩 tener en consideraci贸n el monto de la obligaci贸n evadida en relaci贸n con el total de la obligaci贸n tributaria del mismo per铆odo fiscal.

Tampoco corresponder谩 realizar la denuncia penal cuando las obligaciones previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de aplicaci贸n de presunciones, sin que existan otros elementos de prueba conducentes a la comprobaci贸n del supuesto hecho il铆cito.

La determinaci贸n de no formular la denuncia penal deber谩 ser adoptada mediante decisi贸n fundada con dictamen del correspondiente servicio jur铆dico, por los funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia y siguiendo el procedimiento de contralor que al respecto se establezca en la reglamentaci贸n.

La formulaci贸n de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciaci贸n y resoluci贸n de los procedimientos para determinar la deuda de los recursos de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones dispuestas.

La autoridad administrativa se abstendr谩 de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deber谩 ser notificada por la autoridad judicial que corresponda a la AFIP.

Una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicar谩 a la autoridad administrativa respectiva y esta aplicar谩 las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.

Cuando hubiere motivos para presumir que existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisi贸n de alguno de los delitos previstos en esta ley, la AFIP podr谩 solicitar al juez penal competente las medidas de urgencia y/o toda autorizaci贸n que fuera necesaria a los efectos de la obtenci贸n y resguardo de aquellos. La AFIP actuar谩 en tales casos como auxiliar de la justicia.

No obstante lo expuesto, los planteos judiciales que se hagan respecto de las medidas de urgencia o autorizaciones, no suspender谩n el curso de los procedimientos administrativos que pudieren corresponder a los efectos de la determinaci贸n de las obligaciones de los recursos de la seguridad social.