Si bien se avanzó en conformar una comisión a fin de implementar la Cobertura Universal de Salud, cuyo objetivo es brindar cobertura médica a más de millones de personas que no cuentan con servicio médico de obra social o medicina prepaga, a través de un sistema de atención médica integrado.

Mediante este sistema el paciente está identificado, como en cualquier entidad con cobertura, para conocer la cobertura que se le brinda, con sólo presentar su DNI. Está dirigido a todas las personas sin cobertura médica, desocupados, quienes trabajan en la informalidad, en fin, aquellos que no cuentan con acceso a obras sociales o prepagas.

Se otorgarán turnos telefónicos mediante una línea 0800, contando con un médico de cabecera individualizado para cada paciente, manteniendo una historia clínica digital, y entregando los medicamentos a través de la CUS.

Al identificarse a cada persona en la atención, cuando el paciente tenga obra social o prepaga y se atienda mediante este sistema público, deberá abonar la prestación a través de su obra social o prepaga.

Se contará además con una aplicación móvil para turnos, horarios de atención, ubicación de los centros de salud, etc.

El sistema será financiado con aportes del gobierno nacional a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), fondo que cuenta con más de 30 millones de pesos acumulados, desde el gobierno anterior. El FSR es un fondeo al que aportan todos los empleados formales y empleadores, a través de la seguridad social, y que está destinado a cubrir prestaciones complejas de las obras sociales y contribuir con aquellas obras sociales que se encuentran en déficit prestacionales. Durante los últimos gobiernos no se realizó distribución alguna de estos fondos, o se lo hizo de forma discrecional, produciendo una merma en el capital acumulado por la falta de inversión o resguardo de su valor.

El plan se lanzó en agosto del año pasado donde los gremios cedieron 8 mil millones de los 30 disponibles, para financiar la implementación de la CUS, y que incorporado a un fideicomiso por el gobierno de Macri, hoy asciende a alrededor de 9.500 millones por acumulación de intereses.

Con este aporte cedido por los gremios se pondrá en marcha, siendo financiado posteriormente con aportes del estado.