En la economía de la última década, caracterizada por la inflación alta y las devaluaciones progresivas, los trabajadores con sindicatos fuertes lograron notables mejoras laborales y salariales. Los beneficios no fueron los mismos para los profesionales con título universitario, que no poseen una tradición sindical que los agrupe.

Fueron muchos los que, con título bajo el brazo, entraron a un mercado con menos beneficios y derechos. Hoy, con el modo "monotributista" en pleno auge, unos 14 gremios de primer grado se agruparon para crear la Federación Sindical de Profesionales Universitarios (FESPU).

"La entidad de segundo grado agrupará a las asociaciones de primer grado de trabajadores con título universitario de: abogado, arquitecto, bioquímico, contador, farmacéutico, ingeniero, kinesiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, periodista, psicólogo, veterinario, y todo otro con grado de licenciatura", explicaron desde la agrupación a Perfil.com.

La Federación podrá representar a todas las personas "que presten servicios en relación dependiente en estudios jurídicos, estudios de arquitectura, laboratorios, estudios contables, farmacias, droguerías, constructoras, hospitales, clínicas, sanatorios, veterinarias y todo establecimiento comprendido en el ejercicio profesional de dichos trabajadores, tanto del ámbito público como del privado".

El acto constitutivo se llevó a cabo en la Sede del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y participaron, además del organizador, la Asociación Argentina de Kinesiología; Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines; Asociación de Médicos de la República Argentina; Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires; Asociación de Profesionales del Instituto Roffo APIR; Sindicato Único de Profesionales de Ioma; Asociación Gremial de Abogados del Estado de la República Argentina AGAE; Sindicato Argentino de Veterinarios; Asociación de Arquitectos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Sindicato Argentino de Contadores SAC. Luego se sumaron jerárquicos de Comercio y supervisores de PBA.

Todos coinciden en "la necesidad de unirse para combatir el fraude laboral, el monotributo, el trabajo fuera de convenio y las demás prácticas desleales y abusivas que los empleadores cometen en perjuicio de los profesionales en relación de dependencia".

En diálogo con este portal, Marcelo Peretta (Farmacéuticos) señaló: "La idea es agrupar a los profesionales que claramente perdieron derechos".

El gremialista dijo que la tarea principal es apuntar contra la relación patrón-empleado que se esconde detrás del monotributo: "Tenemos que convertir al empleado en trabajador profesional en relación de dependencia". "Cuando vos demostras que vas todos los días a trabajar, no podés estar como monotributista", denunció.

Si bien saben que habrá que luchar para que el Ministerio de Trabajo otorgue la personería, ven con optimismo los próximos pasos. "Le decimos al empleador, además, que esto evita los juicios laborales para ellos por el fraude laboral. Si bien es esfuerzo mayor, el empleador sabe que evita estos riesgos", sostuvo Peretta.

"Todos tendrán un piso salarial, la idea es lograr convenios colectivos para que un abogado o un kinesiólogo no sea monotributista cuando en realidad va de lunes a viernes", concluyó.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró este martes que en abril "aumentó el empleo y también los salarios", para lo cual se basó en los resultados de la recaudación impositiva, pese a las denuncias de miles de despidos en sectores públicos y privados.

En su cuenta de Twitter, el ministro destacó que hubo un "fuerte aumento interanual de contribuciones patronales (42%) y aportes personales (35%) en abril. Aumentó el empleo y también los salarios".

Prat Gay fundamentó su mensaje por Twitter en los números que este lunes difundió el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.

En la misma línea que Prat Gay, Abad indicó que en abril hubo un aumento de 60.000 puestos de trabajo en comparación con igual mes del año pasado, informó NA.

El funcionario especuló que parte de esos nuevos puestos de trabajo pueden tratarse de trabajadores que se desempeñaban en negro y ahora fueron regularizados por los empleadores.

Abad dijo que la recaudación de los impuestos provenientes de la Seguridad Social aumentaron ligeramente por sobre el promedio, 34,9%, entre otras razones, por el incremento del empleo registrado.

En los primeros cuatro meses del año los aportes a la Seguridad Social llegaron a los $165.200 millones, un 31,5% más que lo registrado en el mismo período que el año anterior.

Fuente: iprofesional.com

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, confirmó este jueves que el Gobierno instrumentará un "ordenamiento fiscal que excede el blanqueo de capitales", adelantó que el Estado "saldará la deuda con los jubilados que tienen sentencia firme", y vaticinó que la inflación será menor al 2 por ciento en el tercer trimestre. Al disertar en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Prat-Gay adelantó también que el Gobierno permitirá que las pequeñas y medianas empresas "tomen a cuenta de ganancias el pago del impuesto al cheque". Acerca del blanqueo de capitales, el jefe de la cartera económica confirmó que el Gobierno anunciará "un ordenamiento general" que permitirá regularizar deudas con el Fisco y exteriorizar capitales que irá hasta fin de año. "Es un ordenamiento general que incluye a los que no tienen las cuentas en orden (con el Fisco) para que las tengan en enero del 2017", ya que a partir de esa fecha "se abre el intercambio de información automática entre la AFIP y el resto (de los organismo tributarios) del mundo", agregó el funcionario. En ese sentido, comentó que "los que no tengan activos declarados para esa fecha no van a tener dónde esconderlos" y agregó que "esto excede al blanqueo" tal como se conoció hasta ahora. También afirmó que "habrá tasas muy altas" para los que regularicen su situación y "beneficios" impositivos para los que cumplieron regularmente con el Fisco. Respecto de los jubilados, anticipó que próximamente el Gobierno dará a conocer que "saldará la deuda con los jubilados que tienen sentencia firme" y criticó a la gestión anterior por haber demorado esos pagos, intentando "hacer fenecer" la obligación con los pasivos. En lo que hace a la inflación confirmó que el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires de abril es del 6,5%, pero aclaró que de esa cifra "cuatro puntos son por una sola vez, por las modificaciones que hubo en las tarifas" de los servicios públicos. Prat-Gay sostuvo que la inflación irá decreciendo y auguró que "en el tercer trimestre se ubicará por debajo del dos por ciento y en el cuarto entre uno y 1,5 por ciento". "Creemos que la Argentina va a volver a crecer en los próximos trimestres" y que "en el segundo semestre va a empezar a rebotar la actividad económica". Tras señalar que el déficit fiscal bajará a 0,8 por ciento del producto bruto interno (PBI)", el ministro pidió a los empresarios locales que inviertan, ya que expresó que "hay mucho interés de los inversores extranjeros en la Argentina". "Dejando de chorear, dejando de regalarle al que no lo necesita y poniendo la economía en marcha, vamos a bajar el déficit fiscal", indicó Prat Gay Por otro lado, afirmó que el Gobierno destinó "70 mil millones de pesos, adicionales a los planes sociales que ya existían" para atenuar el impacto de las medidas que tomó en los sectores más vulnerables". También subrayó que los tres ejes en los cuales "estamos trabajando desde el Gobierno: ordenar el desorden (que dejó el gobierno anterior), reestablecer la confianza (con el mundo), porque nadie confía con quien no está al día, y pensar en los efectos colaterales, para acompañar a los más vulnerables, cada vez que tomamos medidas, que inevitablemente teníamos que tomar".

Fuente: iProfesional.com

A las 12.31, después de 45 minutos de espera, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, levantó la sesión especial convocada para tratar el proyecto de ley antidespidos. En el recinto había 102 diputados, 27 menos que los necesarios para dar inicio al debate, impulsado por el Frente para la Victoria (FPV), el Bloque Justicialista (BJ) y la izquierda.

Para el fracaso de la sesión, una derrota política del kirchnerismo, fue determinante la ausencia de los diputados del frente UNA, de Sergio Massa, que insistió con hacer cambios al proyecto y pidió una sesión especial para el miércoles que viene. "El interbloque no ha entrado ni entrará en el juego del FPV que, con el pretexto de defender a los trabajadores tiene como único objetivo generar una derrota política del Gobierno que, definitivamente, está lejos de contribuir a la verdadera defensa de los trabajadores", dijo el ex intendente de Tigre, en un comunicado.

También influyó la inasistencia de un sector del FPV y de sus habituales aliados. En el momento del levantamiento de la sesión no estuvieron los diputados por Misiones, encabezados por Maurice Closs. El ex gobernador de Misiones llegó tarde y sólo se quedó un minuto en el recinto. Tampoco Dulce Granados, la esposa del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Otro faltazo decisivo fue el de la mayor parte del bloque del Frente Cívico por Santiago. Sólo asistió uno de los seis integrantes de esa bancada, Manuel Juárez.

Más notas para entender este tema Sergio Massa: "El miércoles los trabajadores van a tener una ley que los proteja" De parte del Frente Renovador la ausencia más resonante fue la de Facundo Moyano, que en las horas previas había hecho saber que daría quórum para el inicio de la sesión. Del massismo sólo asistió el gremialista Héctor Daer. Otros bloques que no estuvieron son los del Partido Socialista y de Compromiso Federal, que responde al senador Adolfo Rodríguez Saá.

"Así como sentimos frustración también tenemos la alegría de haber cumplido con nuestros principios y con nuestras convicciones", dijo, una vez fracasada la sesión, el presidente del bloque del FPV, Héctor Recalde. El jefe de la bancada del PJ, Oscar Romero, uno de los convocantes de la sesión especial, criticó a los opositores que faltaron a la cita. "Quienes pierde hoy son los trabajadores, porque en este mismo momento, en algún rincón del país está llegando un telegrama de despido", dijo.

Además del PJ, del FPV y sus aliados, estuvieron presentes los cuatro diputados del Frente de Izquierda (FIT), dos de Libres del Sur y los monobloques de Alcira Argumedo, Graciela Caselles, Ramón Bernabey, Omar Plaini y Claudio Poggi, ex gobernador de San Luis.

Click Aqui El jefe del bloque de diputados por el Pro, Nicolás Massot, confirmó hoy que el proyecto de ley de emergencia ocupacional que tiene media sanción se tratará el próximo miércoles en sesión ordinaria, luego de que fracasara el intento del kirchnerismo de aprobarlo en una reunión especial.

"No esperábamos que esto prosperara porque es una situación forzada del Frente para la Victoria que intentó juntar quórum y no logró mucho más allá que su propio bloque", transmitió el legislador.

Massot también confirmó que el miércoles, junto a la emergencia ocupacional, también se van a tratar los proyectos de Acceso a la Información Pública y de restitución del IVA para jubilados que cobran la mínima y los titulares de los planes sociales.

Vinculado a numerosos factores, como la gestión, la salud, las condiciones de trabajo, la productividad y el clima laboral, las empresas perciben al ausentismo como un problema. Sin embargo, según una encuesta de SEL Consultores, realizada en marzo entre 138 empresas, sólo el 13% de ellas considera que su índice de ausentismo es alto, aunque esta percepción llega al 30% si se trata de la población dentro de convenio. Las áreas donde se concentra la mayor tasa de ausentismo son Producción, Operaciones y Call Center.

En cuanto a la evolución de la tasa de ausentismo, el 12% de las compañías considera que aumentó en los últimos años, mientras que el 78% dice que se mantuvo. En el caso del personal dentro de convenio, el 31% considera que el ausentismo se incrementó, mientras que un 19% manifiesta que se redujo. Y el 75% de los encuestados cree estos niveles se mantendrán. Para casi la mitad de las empresas el costo laboral del ausentismo es “bajo”, mientras que para el 34% el impacto es “medio” y para el 17%, “alto”.

“El ausentismo preocupa y afecta a todo tipo de empresas, ya que cuando se produce de manera sistemática complica mucho la gestión”, señala María Laura Calí, directora ejecutiva de SEL Consultores. “Mientras que en las empresas de mayor tamaño, que operan en el sector fabril, es un problema crítico porque perjudica la continuidad de la cadena de producción, a las firmas chicas principalmente les cuesta resolver los reemplazos. Es un problema más focalizado en el personal dentro de convenio, en las categorías de base, como operarios y personal de staff”, analiza.

El ausentismo no funciona sólo como un indicador de gestión: “Después de la evaluación de desempeño, es un índice que se toma en cuenta para decidir una desvinculación o reducción de personal”, señala Calí.

“En promedio, la tasa de ausentismo oscila entre el 3% y el 4%, aunque varía de acuerdo con el tipo de empresas y la industria”, afirma Carlos Manrique, director médico de la empresa de medicina laboral Bombicino Diagnósticos. Según sus datos, en Comercio y Servicios la tasa oscila entre el 2% y el 3%, mientras que en Manufactura es mayor: entre 4% y 4,5%. La Construcción registra el índice más bajo: en torno del 2% y el 2,5%.

Según Manrique, el ausentismo crece junto con el tamaño de la empresa. Y agrega que “entre el 40% y el 50% se adjudica a las enfermedades, mientras que el resto se distribuye entre problemas personales, faltas sin aviso, maternidad y cuidado de familiares a cargo”.

Las principales causas de ausentismo –de acuerdo con el sondeo de SEL Consultores– son las enfermedades (53%), los accidentes laborales y enfermedades profesionales (21%), y las ausencias injustificadas (8%).

En el último tiempo comenzó a crecer la incidencia de las enfermedades psiquiátricas (estrés, trastornos de ansiedad, ataques de pánico y depresión, entre otros) dentro de la tasa global, con una incidencia del 10%. Para el 18% de las empresas relevadas, la ocurrencia de este tipo de enfermedades “creció notoriamente”, mientras que para el 27% no fue significativa. Al respecto, la ejecutiva de SEL Consultores destaca que “la incidencia creciente de las enfermedades psicológicas y psiquiátricas se debe, principalmente, a que antes no se las medía, no se las diagnosticaba o no llegaban a causar ausentismo”.

Las medidas que toman las empresas para reducir el índice de ausentismo son: control médico domiciliario (82%), seguimiento personalizado (82%), servicio médico en planta (77%), mayores medidas de prevención de accidentes (74%), control de los certificados presentados (70%), campañas de vacunación (70%), aplicación de sanciones (62%) y plus por presentismo (27%).

Sin embargo, el especialista de Bombicino Diagnósticos relativiza la efectividad de medidas como el control médico en domicilio en la reducción del indicador. Y dice que es preciso distinguir a los “ausentistas por actitud (que siempre son muy pocos)” de quienes faltan por temas de salud y otras causas justificadas.

También propone hacer “una gestión del ausentismo”, lo que implica un trabajo personalizado o la creación de un Comité de Ausentismo, integrado por RR.HH., el jefe del “ausentista por actitud” y el servicio médico. “Se debe evaluar a la persona que registra gran número de faltas sin justificar, analizar su historial de ausencias y trabajar sobre eso”, expresa Manrique.

Sobre las acciones para reducir este problema, señala: “Cuando en algún sector de la empresa el ausentismo es mayor que el promedio, algo está sucediendo; y es ahí donde el servicio médico y el área de RR.HH. deben evaluar qué pasa. Así se puede hacer prevención sobre las causas que lo generan, que pueden ser el tipo de tareas o problemas de liderazgo”.

Los exámenes médicos periódicos de salud, “que además establezcan un plan de acción, son una manera efectiva de hacer prevención de ausentismo por enfermedad; esto permite prevenir eventuales enfermedades y que la gente se sienta más cercana a la empresa a través de la acción de su servicio médico”, afirma Manrique.

Fuente: ieco.clarin.com

Autor: Julián A. de Diego

El Ministro Jorge Triacca (h.) planteó como un tema conexo con la convocatoria a la Comisión del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, el descuento de los días de huelga, el ausentismo, y los problemas generados en las industrias y servicios por baja performance.

Si bien la iniciativa fue cuestionada por el ámbito y por las circunstancias, los comentarios son más que oportunos y apropiados, en un contexto en el cual, los ajustes de las remuneraciones se negocian por inflación, y se ha perdido el sentido de la conmutatividad, y se ha desplomado la dedicación, la contracción al trabajo, y en definitiva, el espíritu de colaboración responsable que caracteriza la relación laboral. En todo caso, los críticos no repararon siquiera en la Comisión convocada ni en su título que se le asignó a la misma.

Durante los últimos años se ha trastocado la cultura del trabajo fomentándose por vía de subsidios y otros mecanismos similares la vagancia, el ocio improductivo, y en especial, la perversa costumbre de que el Estado cubría los ingresos de los necesitados sin ninguna restricción.

Así quedaron incluidos desocupados subocupados pobres e indigentes, pero también militantes bohemios supuestos colaboradores punteros líderes acólitos y cómplices, también compinches, secuaces, adláteres, acompañantes, compadres, seguidores, ayudantes, asistentes, y auxiliares.

Hoy los paradigmas han cambiado, hemos vuelto a la cultura del trabajo, a la meritocracia y la doctrina de los premios y castigos para los privados y para el Estado. El trabajo es una virtud, y quién trabaja u obtiene trabajo hace una importante contribución a su integridad y a su dignidad. Sin dudas, el trabajo creativo y productivo dignifica.

Todo esto que parece elemental ha regresado, hemos vuelto a las fuentes, y por ende, para hacer una importante contribución a la cultura del trabajo debemos defenestrar a los que propician los subsidios, y no aceptan las reglas claras del actual juego basado en el mérito de la dedicación y en el esfuerzo.

En nuestro país nunca se discutió que la huelga no devengaba el derecho al pago de salarios, en función de quienes retenían las tareas no cumplen con su contraprestación, sea la medida lícita o ilícita. Nuestra jurisprudencia antigua reciente y actual es unánime en tal sentido.

En efecto, se ha resuelto que la Resolución 949 dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires en cuanto establece descontar a los agentes públicos provinciales las inasistencias motivadas en el ejercicio del derecho de huelga que no fueran justificadas en la normativa vigente es constitucional, ya que no viola la libertad sindical ni puede considerarse una sanción, ni siquiera una represalia. (TrTr 1 de La Plata, 02/02/2016, Asociación Trabajadores del Estado y Otro/a c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo sindical. La Ley Online, AR/JUR/7347/2016).

Otro tanto se dijo frente a una acción de amparo sindical interpuesta por la ATE a fin de que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la resolución que dispuso el descuento de los días de paro del personal que acató la medida de acción directa dispuesta por la asociación, debe ser rechazada, pues no se demostró una actitud dolosa o culposa por parte del empleador que diera motivo a la medida dispuesta ni se advirtió un comportamiento antisindical como para indicar su cese, ya que se estaba en presencia de un proceso de negociación colectiva, el cual se venía cumpliendo y negociando por la patronal. (Cámara 5a Tr Mendoza, 30/08/2013, Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.) c. Iscamen Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza s/ amparo sindical. LLGran Cuyo 2013 noviembre , 1138 o AR/JUR/49415/2013).

Autor: Ismael Bermúdez

Entre 2003 y 2015, las administraciones kirchneristas retuvieron $ 27.000 millones pertenecientes a las obras sociales, que quedaron depositados en una cuenta del Banco Nación, sin generar intereses ni rendimientos para las entidades de salud de los sindicatos. A valores actuales esa plata equivale a casi $ 70.000 millones. En lo que va de 2016 quedaron retenidos más fondos, y ahora la cuenta del Nación suma $ 28.892 millones.

“Durante los años de gobiernos kirchneristas se retuvieron indebidamente recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que generaron un serio impacto sobre el financiamiento de las obras sociales”, le dijo a Clarín el Superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino. También admitió que a raíz de la retención de los fondos, “los sindicatos debieron auxiliar a las obras sociales para poder mantener financieramente los servicios de atención médicas”. Y adelantó que en los próximos días se abonarán $ 2.750 millones de una deuda por prestaciones médicas de alta complejidad y discapacidad ya auditadas y cubiertas por las obras sociales y que corresponde que reintegre el Fondo Solidario. Scervino agregó que “actualmente estamos trabajando junto al Ministerio de Trabajo en buscar un mecanismo para reintegrar a las obras sociales los recursos del Fondo”.

Por esta razón se descuenta que el Gobierno está negociando con los popes sindicales la devolución escalonada de esos fondos a cambio de una moderación de los reclamos laborales y sociales y hasta alguna suerte de “paz social”.

El cambio de postura de las tres fracciones de la CGT en relación al veto de la ley antidespidos y el voto favorable en el Consejo del Salario a las propuestas del Gobierno sobre salario mínimo y seguro de desempleo se explicarían por esas negociaciones.

La retención de esos cuantiosos fondos contradice la ley de obras sociales que fija que “los excedentes del fondo correspondientes a cada año serán distribuidos entre los agentes del seguro en proporción a sus aportes y exclusivamente para ser aplicados al presupuesto de prestaciones de salud”. Tampoco se invirtió lo retenido y el acumulado, lo que llevó al deterioro de esos recursos por efecto de la inflación.

El FSR se forma con un porcentaje de los aportes de los afiliados. No son fondos del Estado sino de las obras sociales que son administrados por el Estado.

Con ese Fondo, el sistema se hace cargo de pagar una serie de gastos extraordinarios de las obras sociales, como lo de alta complejidad o discapacidad, y asegura un piso de ingreso por afiliado. Luego, año a año, los eventuales excedentes deben distribuirse entre las entidades.

Entre 2002-2015, ingresaron en el FSR poco más de $ 65.000 millones y se reintegraron fondos por $ 38.000 millones. En promedio, el Gobierno retuvo el 41% de lo ingresado. Los años de mayor distribución de fondos fueron 2002 y 2003: se distribuyeron el 92% de fondos. Los años más críticos fueron entre 2010 y 2013, y el más crítico 2012: distribuyó el 23% y la retención llegó al 77 por ciento.

Así como en otros casos –el de los jubilados o el Fondo Nacional de Empleo que paga el seguro de desempleo– el Gobierno kirchnerista se financió con fondos que provienen de aportes de los trabajadores.

Fuente: Clarin.com

“Fueron tres los años que trabajé en la agencia, tres años en los que crecí y vi crecer a la empresa, y en los que formé parte de un

Autor: Ximena Casas

En su búsqueda de equilibrar las obligaciones laborales con la vida familiar de sus empleados, cada vez son más las empresas que