Una cuestión un poco tenida en cuenta en las relaciones laborales surge en torno a las enfermedades conocidas como inculpables, o sea aquellas que no son producto del desempeño en la empresa. Y uno de los aspectos más ríspidos es qué hacer cuando el trabajador pide una licencia extendida o tareas livianas, y sin embargo, hay discrepancia entre el diagnóstico médico que tiene el empleado y el que reconoce el empleador.

En un desayuno de trabajo organizado por eldial.com, el abogado laboral Alberto Chartzman Birenbaum comentó que, aunque no hay solución para esta situación en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en los últimos años se llegó al consenso sobre la convocatoria de un tercero imparcial para que dictamine. En la Ciudad de Buenos Aires, se ha llegado a consolidar una junta médica convocada por la Justicia, y en el interior, una junta de ese tipo pero provista por las Secretarías de Trabajo de las gobernaciones.

El concepto de accidentes y enfermedades no culpables refieren a presupuestos de hecho o circunstancias de orden vital que se vinculan con el riesgo genérico que las personas tienen respecto de padecimientos en su salud, que pueden afectar en forma temporal o definitiva su integridad psíquica o física, según definen los artículos del 208 al 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, explicó Chartzman Birenbaum.

O sea que se trata de alteraciones en la salud que impiden la prestación de tarea, pero en casos en que la afección no guarda vínculo con el trabajo, sino con causas ajenas a la responsabilidad del empleador y contraidas fuera del ámbito laboral.

En la práctica, si la empresa tiene servicio médico –consultorios en la planta o en otro lugar–, y el trabajador está en condiciones de ambular, debe someterse al control médico del empleador, dirigiéndose al establecimiento a primera hora y pedir el “parte” para que lo atienda el médico. Ante la discrepancia de diagnósticos, que se da sobre todo en enfermedades psiquiátricas, la posibilidad de convocar a la junta médica es una solución que no está en la ley y que ha ido encontrando la Justicia en forma reciente y en distintos tribunales del país.

Todavía en 2008, en el fallo Farías Héctor v Coto Sicsa, la Cámara del Trabajo porteña dijo que ante el vacío legal se debía privilegiar la opinión del médico del empleado, “que es el profesional a cargo del tratamiento y, por ello, el mejor conocedor del estado y aptitud del trabajador”.

En 2009, la Sala IV en el caso Tomasini, Alejandra S v Empresa General Urquiza vuelve a rechazar un despido decidido por la empresa frente a divergencia de diagnóstico, pero esta vez ya porque los jueces entendieron que la empleadora debió efectuar una tercer consulta, y no decretar el abandono de trabajo en una forma que consideraron apresurada.

En 2012, en el fallo Manolio Jorge Ricardo c/El Condor Empresa de Transportes SA, la Sala II de la Cámara del Trabajo dictaminó favorablemente ante el despido indirecto decidido por el trabajador debido a la negativa de la empresa de otorgarle tareas livianas.

Sobre la base de la “buena fe” que exige la Ley de Contrato de Trabajo en las relaciones entre la patronal y los trabajadores, la Cámara dijo en el caso que El Condor debió, ante la existencia de certificaciones médicas controvertidas, determinar el real estado de salud del trabajador, circunstancia que no aconteció en la causa.

Pero en la más reciente jurisprudencia, las empresas comenzaron a ganar juicios sobre esta misma base. Así en M. O. G. c/ Millan S.A., una sentencia publicada en mayo pasado, la Cámara del Trabajo de Mendoza dijo que se ajustó a derecho el despido decidido por la compañía, pues previo a poner fin a la relación laboral, agotó las vías necesarias para dar certeza al estado de salud del actor, poniendo el caso bajo la autoridad de una junta médica. En tanto, el empleado se sometió a la misma, pero con posterioridad no acató lo resuelto por el tercero imparcial.

En el caso, las partes de común acuerdo solicitaron, ante la disidencia planteada respecto del diagnóstico, la celebración de una Junta Médica en la Subsecretaría de Trabajo a fin de determinar si el empleado se encontraba o no, dado las dolencias que venía manifestando mantener, en condiciones de reincorporarse a su trabajo o no. La Junta Médica dictaminó con una recomendación de psicoterapia y tratamiento farmacológico para el trabajador, con cambio de funciones o de sector.

Esta decisión de la Junta Médica aceptada por la empresa y comunicada al empleado por telegrama, fue ignorada por éste insistiendo con la presentación de certificados médicos particulares.

La Cámara consideró que esa conducta iba en contra de los principios básicos que hacen al fundamento del derecho laboral, sobre todo el de buena fe, y por unanimidad consideró justificado el despido.

Fuente: Cronista.com

La población que participa del mercado de trabajo, sea que lo haga como ocupado o como desocupado , se está reduciendo. Y esta pérdida de actividad económica de la población en el contexto de retracción de la economía que sugieren los indicadores oficiales de actividad manufacturera, construcción y comercio, puede ser interpretada como un aumento del desempleo oculto. La Encuesta del Indec para el primer trimestre del año muestra en efecto este fenómeno de exclusión: quienes participan del mercado de trabajo en las grandes ciudades del país se han reducido al 45 % de la población total, menos que el 45,8 % que lo hacía a comienzos del año pasado y bastante menos que el 46,5% que participaba en el primer trimestre del año 2009, el mayor valor de los últimos años. Un 1,5% de la población habría sido así expulsada del mercado de trabajo y, al no participar del mercado de trabajo, no son estadísticamente desocupados. En el contexto recesivo y de caída de la actividad económica, estos trabajadores pueden ser considerados como desocupados ‘ocultos’, como desocupados que han dejando de participar y han abandonado la búsqueda ‘desalentados’ ante las bajas probabilidades de conseguir un empleo; desalentados asimismo que volverían a buscar cuando aumenten esas probabilidades a la salida de la recesión. Y este desempleo oculto explicaría a su vez una aparente paradoja: la economía está en recesión pero la tasa de desempleo no sube. La explicación sería que no sube porque el mercado de trabajo acusa el rigor de la retracción vía expulsión de trabajadores y desempleo oculto y no vía aumento de la tasa de desempleo, que mide el desempleo abierto o visible justamente por no computar a los desempleados que, cansados de buscar, dejaron de hacerlo. Si se los computara, en consecuencia, la tasa de desempleo en las grandes ciudades sobrepasaría el 10%, bastante por arriba del 7,1% que registró la encuesta pues computa solamente los desocupados ‘visibles’. Pero este fenómeno de exclusión y aumento del desempleo oculto adquiere intensidad preocupante en el Gran Buenos Aires, una región que alberga a más de 13 millones de habitantes según las estimaciones del Indec. Esa participación ha descendido significativamente alcanzando en el primer trimestre del año sólo el 46,3%, por debajo del 47,6% que registró en el primer trimestre del año pasado y bastante menos que el 49,1% computado en el primer trimestre del año 2009, el máximo nivel de participación de los últimos años. Casi el 3% de los habitantes del Gran Buenos Aires ha dejado de estar en actividad económica. Unas 400 mil personas que en la región metropolitana habrían dejado de buscar trabajo y, si son trabajadores desalentados, volverían a buscarlo cuando la situación mejore. Si se los computara como desocupados, la ‘verdadera’ tasa de desempleo del Gran Buenos Aires sobrepasaría el 13% de la población económicamente activa, sensiblemente por encima del 7,7% de desempleo ‘visible’ que computó la Encuesta. Y esto si ya sería un mercado de trabajo con problemas.

Fuente: Cronista.com

La conflictividad laboral durante el segundo trimestre del año experimentó un crecimiento de 37% en comparación con el mismo período del año pasado, situación que en el sector privado se explica casi exclusivamente por un aumento de los conflictos a nivel de empresa vinculados, en primer lugar, a reclamos por despidos y suspensiones, y en menor medida se debieron a pedidos de mejoras salariales o condiciones laborales. Las conclusiones surgen del último informe de coyuntura del Observatorio del Derecho Social de la CTA disidente, que destacó que el incremento de la conflictividad laboral en el sector privado supera incluso los niveles alcanzados en el primer trimestre de ese año, período que marcó el punto más alto de la serie en los últimos cuatros años.

En contrapartida, el estudio relevó una caída en la cantidad de conflictos registrados entre abril y julio en el sector público en la comparación con el primer trimestre. Esa contracción, según los responsables del Observatorio de CTA, se explica por el cierre de las negociaciones salariales que involucraron a los gremios docentes y de la administración pública.

El informe contabilizó 317 conflictos durante el segundo trimestre, de los cuales 135 se concentraron en el sector privado. El 62% de esas disputas tuvo lugar a nivel de empresa. Dentro de la industria manufacturera los establecimientos dedicados a la metalurgia y automotriz reclamaron por despidos y suspensiones, mientras que los de la alimentación apuntaron a mejoras salariales. En el sector del transporte, las razones que motivaron los conflictos resultaron más homogéneas, aunque la totalidad de las disputas involucraron demandas por deudas salariales y despidos.

En cambio, los conflictos de actividad (un 38% del total registrado en el sector privado) se ubicaron principalmente en las actividades del transporte e industria manufacturera y predominaron las disputas por mejoras salariales, apertura de paritarias y eliminación del impuesto a las ganancias, destacó el relevamiento del centro de estudios de la CTA que conduce Pablo Micheli.

Por otra parte, el relevamiento subrayó que los órganos gremiales descentralizados (sindicato de base y seccionales) constituyeron el principal sujeto de la conflictividad laboral a nivel sectorial y general.

En la comparación con el primer trimestre del año, durante el período abril-julio se observó un aumento sostenido de la presencia de sindicatos de base, que protagonizó el 70% de los conflictos relevados en el trimestre. En paralelo, se registró una marcada disminución de las disputas llevadas adelante por trabajadores sin representación manifiesta, situación que evidenciaría una creciente institucionalización del conflicto. “Al vincular el sujeto con el tipo de demanda y el alcance del conflicto vemos que los sindicatos están a la cabeza de los reclamos tanto salariales como de crisis en el marco de la empresa”, indicó el informe.

Fuente: Cronista.com

La huelga lícita garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no concede el derecho a cobrar los días de inactividad. La ausencia de la contraprestación a cargo del trabajador de ofrecer su fuerza de trabajo, suspendida por efecto de la huelga, si fuera remunerada se constituiría en una obligación sin causa. La huelga es un derecho constitucional que legitima un daño: el de no producir suspendiendo las tareas (simple abstención) cuando la misma se funde en una causa laboral, sea declarada y apoyada por un sindicato con personería, cumpliendo además con los procedimientos legales de conciliación y de autocomposición, e integrando las guardias mínimas cuando se trate de servicios esenciales. La legitimación del daño importa solo y únicamente la abstención colectiva y concertada del deber de trabajar, que genera a su vez otro daño ulterior que consiste en el hecho de que no se devengan los salarios por falta de disponibilidad, más la posibilidad fáctica de que el trabajador sea intimado y luego despedido por haber participado en una medida de fuerza ilegal. Las prácticas ilegales avaladas por algún acto administrativo o la indiferencia oficial, hicieron caer a la sociedad en general en una irremediable confusión. Los dirigentes sindicales parten de que la huelga legal no genera la pérdida de salarios, en base a un silogismo que lleva a una falacia, al partir de la premisa de que la huelga al ser legal no puede importar daño para el trabajador. En rigor, se trata de una banalización del concepto de huelga a través de una aspiración que dan por hecha, a pesar de que es un derecho constitucional de interpretación restrictiva, y que impone la obligación del legislador de limitarlo conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. En los hechos, para un dirigente sindical una huelga sin daño al trabajador que participa es, en rigor, una aspiración dentro del proceso negocial. No es un derecho. Es por cierto un triunfo, si logra obtener un reconocimiento de los salarios caídos por parte del empleador, que deberá ubicar semejante concesión dentro del contexto estratégico e histórico de la compañía. Curiosamente, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y otras carteras colegas, a menudo presiona o resuelve que deben abonarse los salarios, en el contexto de la conciliación obligatoria, generando un incentivo para que las medidas de fuerza se renueven sin costo alguno. Además de ser un acto arbitrario, que atenta contra la institucionalidad del sistema, es una contradicción con la supuesta legitimidad con la que se pretende gobernar, es también una contradicción con lo que se promete para un futuro mejor. Al respecto se ha establecido que la sola circunstancia de haber cesado en la prestación del servicio en ejercicio del derecho de huelga no determina la pérdida de derechos emergentes del contrato de trabajo, pero tampoco constituye un medio de adquirir derechos y dado que la remuneración se adquiere por haber estado dispuesto a ejecutar un servicio, si con la huelga el trabajador no puso su trabajo a disposición del empleador, no adquiere el derecho a verlo retribuido. (CApCivil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia o 13/08/2012 o APAP Las Heras c. Municipalidad de Las Heras s/amparo o La Ley Online o AR/JUR/80330/2012). Otro tanto ocurrió al desestimarse la acción deducida por la Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación con fundamento en el art. 47 de la ley 23.551 a fin de que se ordene al referido Poder Judicial a cesar con la práctica de descuentos salariales efectuados con motivo de días no trabajados por adhesión a una huelga, en tanto los trabajadores no tienen derecho a percibir los salarios que se devengan durante el conflicto en el que participaron mediante una abstención concertada de prestar servicios, rigiendo el principio según el cual no corresponde salario sin trabajo; (CNacApTr, sala IX o 19/11/2009 o Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c. Poder Judicial de la Nación o DT 2010 (mayo) , 1196; José E. Tribuzio o AR/JUR/48851/2009). También se decidió rechazar la acción de amparo intentada por una asociación docente contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se declare la inconstitucionalidad de una nota por la que el demandado dispuso descontar los haberes correspondientes a dos días de paro, pues, no hay elementos que permitan suponer verosímil el derecho de los trabajadores a verse remunerados por las jornadas no trabajadas, mientras que nada cabe decir acerca de la repercusión que dicha jornada pueda tener sobre otros rubros de la remuneración, que deberían ser examinados en un proceso de pleno conocimiento. La huelga se ha distorsionado involucionando, al admitir para muchas interpretaciones que la violencia puede formar parte de ella, o que derechos que nunca se discutieron ahora se adicionen arbitrariamente al tipo legal. Los que deben velar por el regreso a las fuentes, por la vuelta a la institucionalidad y a la calidad con que se arbitran los derechos, son los candidatos.

Fuente: Cronista.com

Los analistas ya lo venían advirtiendo y el Indec finalmente lo admitió: la caída en la actividad económica está provocando un aumento en la desocupación. Con una recesión que podría profundizarse en los próximos meses y un déficit fiscal que resta opciones de acción al Gobierno, los resultados oficiales del mercado laboral, que siguen generando dudas, podrían empeorar en lo que resta del año.

Según el Indec, en el segundo trimestre de este año la tasa de desocupación se ubicó en 7,5% de la población económicamente activa (PEA). La tasa es mayor en 0,3 puntos porcentuales a la del mismo período del año pasado.

El crecimiento del desempleo, además, estuvo acompañado por una marcada caída en la tasa de actividad (la relación entre la PEA y la población total), que pasó de 46,5% a 44,8% entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo período de este año, y en la tasa de empleo, que cayó de 43,1 a 41,4 por ciento.

Fausto Spotorno, director de Research de Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF), pone cifras crudas a esa tendencia: "Si se toma en cuenta la población urbana total del país, en el último año se perdieron 230.000 puestos de trabajo. De ese total, 200.000 personas salieron de la PEA [dejaron de buscar trabajo] y 30.000 pasaron a la desocupación. Si las personas que salieron de la PEA siguieran buscando trabajo, la tasa de desempleo sería de 8,7 por ciento".

La tasa de empleo de 41,4% que el Indec reporta para el segundo trimestre de este año es la más baja desde el 40,7% reportado en el primer trimestre de 2006. En tanto, la tasa de actividad de 44,8% es la más baja en la serie que empieza en 2003.

Al respecto, un informe de Empiria Consultores señala que la caída de la PEA es "muy llamativa" y que se trata de "uno de los menores porcentajes de trabajadores activos de la región". Y añade: "La caída en la PEA en contextos de retracción del empleo se da habitualmente en países de alto ingreso per cápita, donde al bajar el costo de oportunidad de quedarse en el hogar (y al tener las necesidades básicas cubiertas), la búsqueda de empleo también cae, pero no parece el caso de la Argentina actual, con salarios deteriorados por la inflación y caída en el empleo. De todas formas, aun si la PEA no estuviese distorsionada, en el marco económico actual estaría reflejando «desempleo oculto», ya que sería el mismo contexto el que haría que los trabajadores desempleados desistan de la búsqueda laboral".

En el último informe sobre los indicadores del mercado laboral, el Indec advierte acerca de "cambios en los ámbitos geográficos y la población de referencia de la EPH [Encuesta Permanente de Hogares, sobre la base de la cual se elabora el informe sobre empleo y desempleo]".

Para el jefe de Investigaciones de Idesa, Jorge Colina, más allá de ese cambio metodológico, que dificulta la comparación entre distintos períodos, el deterioro del mercado laboral se puede ver al comparar los resultados del segundo trimestre de este año con los del trimestre inmediatamente anterior. Entre esos dos períodos, señaló Colina, la PEA y la cantidad de empleados aumentaron marginalmente, cuando lo habitual es que en el segundo y el tercer trimestre de cada año los niveles de actividad y empleo sean mucho mayores que en el primero.

Colina también mencionó que el cambio en la población de referencia explica menos de un punto de la caída en la tasa de actividad y que aun si se tiene en cuenta ese efecto la tasa de actividad del segundo trimestre es muy baja.

Soledad Pérez Duhalde, coordinadora de Análisis Económico en abeceb.com, señaló que algunos indicadores ya adelantaban el deterioro en el mercado laboral. "En la industria se perdieron 25.000 puestos de trabajo y en la construcción, entre 22.000 y 30.000 puestos", dijo, y añadió que en la segunda mitad del año sectores como el comercio podrían sumarse a esa lista. "Vemos una profundización de la tendencia en el segundo semestre", dijo.

Con ella coincidió Spotorno, que prevé que en la segunda mitad del año, "cuando actividades como el agro y la banca dejen de traccionar", la caída en la actividad será más profunda que el 0,9% del primer semestre y, en consecuencia, los resultados del mercado laboral podrían seguirse deteriorando.

El informe de Empiria, en tanto, señala: "La incertidumbre, la caída del salario real y del empleo que afectan al consumo y la falta de financiamiento y las restricciones a las importaciones, que afectan a la inversión, no parecen prenunciar una reactivación de la economía y mejoras en el mercado laboral". Y añade: "La expansión fiscal, limitada por el deterioro de las cuentas públicas, difícilmente pueda tener el rol que tuvo en 2009".

Fuente: lanación.com

El visible salto de calidad hacia la plena igualdad de derechos de la mujer con el varón, que los expertos vinieron reconociendo en los últimos años, mantiene sin embargo importantes áreas que se mantienen ajenas a esa saludable tendencia, especialmente en lo que se refiere a la desigualdad de oportunidades que se advierte en el campo laboral, en donde siguen planteándose situaciones injustas, de discriminaciones y brechas que, por razones de género, forman parte de las asignaturas pendientes de nuestra época.

Así, tal como se reflejó en este diario en ediciones anteriores, un informe de las Naciones Unidas determinó que las mujeres latinoamericanas ganan un 19 por ciento menos que los hombres, que quedan excluidas de los cargos directivos y que irán asumiendo cada vez más horas de trabajo no remunerado a medida que la población envejezca.

El estudio de la ONU que lleva el título “Trabajo al servicio del desarrollo humano”, señala también que más de la mitad de las empresas de Latinoamérica no tiene a ninguna mujer ocupando un cargo directivo, y que aquellas que logran alcanzar posiciones jerárquicas ganan un 53 por ciento menos que sus homólogos varones.

Se señala asimismo que, al igual que en el resto del planeta, las mujeres latinoamericanas tienen a su vez más dificultades que los hombres para abrir sus propias empresas pero, cuando lo hacen, un número “desproporcionadamente” elevado de sus compañías no logran salir adelante ni consolidarse, advierte el documento

Cabe señalar que esto ocurre cuando, por primera vez en la historia, el número de mujeres con título universitario supera al de hombres con el mismo nivel de formación. Es así que de los casi dos millones de profesionales con que cuenta Argentina, el 54,4 por ciento son mujeres, según mostró el último censo nacional. Pero las mujeres profesionales no sólo han tomado la delantera en cantidad. Además de que seis de cada diez estudiantes que egresan hoy de universidades públicas y privadas son mujeres, ellas completan en general sus estudios en forma más temprana y con mejores promedios que sus compañeros varones, según datos de la UNLP.

Debe admitirse, entonces, que la discriminación hacia las mujeres es un flagelo que aún está enquistado en la civilización occidental, para no hablar de otras culturas donde son directamente relegadas a un rol de inaceptable sometimiento. Muchas mujeres enfrentan mayores dificultades que los hombres para su inserción laboral y profesional y están más expuestas a las distintas formas de violencia social, dentro y fuera del hogar.

Ya en anteriores oportunidades la Organización de Naciones Unidas había remarcado, por ejemplo, que “en casi todos los países las mujeres siguen estando subrepresentadas en los puestos de adopción de decisiones” y su trabajo “es subvalorado, insuficientemente remunerado o no remunerado en absoluto”.

Es cierto que se ha avanzado en lo que se refiere a las desigualdades de género que padecen las mujeres. Pero ello no significa que el problema esté superado. Si bien el rol de la mujer es cada vez más valorado, es mucho lo que falta. Y en esa dirección deben orientarse todos los esfuerzos.

Fuente: eldia.com

El jefe de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, se despachó contra las medidas anunciadas por el Gobierno de Mauricio Macri y expresó que pedirá un aumento significativo del salario en las paritarias de mayo del gremio que dirige. "Nuestra paritaria es a partir de mayo, y no puedo decir cuánto voy a negociar, pero creo que vamos a andar en el 50%. O me dan un bono ahora, o después tengo que hacerlo, sino la inflación se come todo", dijo el gremialista. Sin embargo, manifestó que "hay que dejar andar a Macri" y agregó que está "dispuesto a acompañar" al nuevo gobierno. En declaraciones televisivas, el histórico dirigente gremial habló también acerca de la relación que tuvo con la ex presidenta Cristina Kirchner, las medidas de ajuste del nuevo gobierno y la suba de precios en la canasta básica familiar. Sobre la quita de los subsidios a la luz y al gas anunciados esta semana por el equipo de Macri, Barrionuevo expresó: "No es que no esté de acuerdo, tenemos que ser realistas. Los números del Indec son mentirosos...pero también acá hubo candidatos que se apresuraron, quizás, sin saber de dónde van a sacar plata, así que salieron a pedirla afuera para poder tener esa reserva". Para el sindicalista, los empresarios son "voraces y especuladores", y cuestionó el aumento de los precios de la carne y la harina: "¿Quién lo hizo entonces?", preguntó retóricamente. Tras cinco días llenos de anuncios, incertidumbre y cambios desde la asunción de Mauricio Macri al poder, Barrionuevo hizo una proyección de lo que le espera al Gobierno: "Todo es plata que va a salir. Macri le sacó las retenciones al campo cuando tiene 53 planes sociales con 10 millones de beneficiarios. La inflación, con todo lo que subió, se comió la plata de los planes". "Si me aumentás todos los servicios, gas, luz, agua y transporte, indudablemente yo tengo que pedir más de aumento salarial. Este incremento que hubo en los últimos días, sin contar lo que viene ahora, indudablemente hará que se pierda el poder adquisitivo", continuó. Y reiteró: "Macri ganó y estamos dispuestos a acompañar, tenemos la obligación de hacerlo. Pero no vamos a deponer la actitud nuestra de defender nuestros intereses. Los que han ganado mucha plata y que han votado a Macri tendrían que estar poniendo 20 mil millones para las reservas".

Fuente: iProfesional.com

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, firmó ayer la resolución que exime al medio aguinaldo del pago del impuesto Ganancias, con un mínimo no imponible de $ 30.000 brutos, informaron fuentes oficiales.

La norma, que se espera sea publicada entre hoy y el lunes en el Boletín Oficial, establece que el beneficio abarca a quienes no hayan cobrado más de $ 30.000 en bruto en algún período entre julio y diciembre últimos.Además fija que en los casos en los que las empresas hayan liquidado el medio aguinaldo –dado que por ley deben pagarse antes del 18 de diciembre–, la devolución correspondiente deberá realizarse en enero, aunque no especifica si junto con los salarios de diciembre o en qué fecha.

De esta forma, el Gobierno da cumplimiento a una de las promesas que hizo durante la campaña electoral, y luego de un ida y vuelta en la decisión que se había producido poco antes de asumir. Es que en la semana previa al cambio de administración el ahora ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había dicho que se iba a eximir del gravamen el medio aguinaldo de fin de año, pero al otro día el propio Macri salió a explicar que los números fiscales estaban muy justos y que no se iba a poder llevar a cabo esa excepción.

Finalmente, hace 10 días, fue Macri quien a través de su cuenta en Facebook confirmó que el medio aguinaldo no pagaría Ganancias para aquellos salarios de hasta $ 30.000 brutos mensuales.

Además, en esa oportunidad, Macri adelantó que el año próximo elevará al Congreso un proyecto de ley para modificar tanto el mínimo no imponible como las escalas de alícuotas a aplicar.

Fuente: Cronista.com

Desde hace varios años, el fisco y las distintas autoridades de contralor, como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad (MTESS) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), han venido desarrollando las bases para el establecimiento de los procedimientos tendientes a la unificación en materia de inscripción laboral y de la seguridad social, con el objetivo de simplificar y facilitar la registración de empleadores y trabajadores. En este sentido, desde el decreto 217/2003, la Ley 25.877, pasando por varias resoluciones de AFIP, MTESS y ANSES y recientemente el dictado de las últimas 3669/2014, 941/2014 y 3781/2015 en cuanto a la emisión del Libro de Sueldos y Jornales y Certificados de Trabajo vía Internet, se fueron implementando una serie de herramientas para la generación a través de la web de gran parte de la documentación que evidencia la relación entre los empleadores y los trabajadores.

Al respecto, en cuanto a las empresas, podemos mencionar que la registración como empleador, así como también el alta y baja de cada trabajador dentro de su nómina, la confección y presentación de sus declaraciones juradas de cargas sociales, certificaciones de servicios, certificados de trabajo, y demás trámites vinculados deben ser realizados de forma online a través de la página web. Por otra parte, en cuanto a los trabajadores, es posible que los mismos verifiquen vía Internet si están debidamente registrados, los depósitos de sus aportes previsionales y sus retenciones del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, y obtengan un certificado digital de ingresos laborales (que es una constancia validada por el fisco que muestra las remuneraciones de los últimos 6 meses de todos los empleadores con los que haya prestado servicio), entre otros.

Asimismo, también cabe destacar que muchas entidades gremiales actualmente utilizan servicios y aplicaciones a través de la web para que los empleadores efectúen la confección y presentación de declaraciones juradas informando las obligaciones sindicales a su cargo.

Siguiendo con estas medidas, y avanzando más allá, desde hace un tiempo se encuentra operativa en el micrositio del MTESS una aplicación llamada "Cálculo de Salarios", mediante la cual los empleados pueden conocer de forma muy sencilla los niveles salariales vigentes en los Convenios Colectivos de Trabajo de mayor cobertura, los correspondientes al servicio doméstico y el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.

A través de la selección de distintas alternativas, se puede contar con el cálculo del salario, sus adicionales y de los descuentos previsionales y sindicales, y adicionalmente el trabajador puede recibir un correo electrónico con el valor actualizado del salario consultado.

Es importante resaltar, en este orden de ideas que, obviamente tanto el fisco, el MTESS y la ANSES como las asociaciones sindicales se nutren de estas herramientas para llevar adelante toda clase de fiscalizaciones (que en muchas oportunidades sólo implica un simple cruce de datos) y para la recepción de denuncias de empleo no registrado.

Así, son cada vez más frecuentes la aplicación de sanciones por inconsistencias en la registración de empleados (por diferencias de fechas de registración), así como la realización de relevamientos de personal en el domicilio de los contribuyentes, que conllevan también sanciones cada vez más duras, como ser la publicación en registros de incumplimiento (como el vigente Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales - REPSAL) que puede traer consecuencias aún más costosas.

En este entorno informático que vigila muy de cerca las relaciones laborales, resulta vital para las compañías mantener y actualizar sus registros e información con respecto a sus empleados, realizar revisiones periódicas y efectivizar controles, lo cual resulta sumamente difícil e implica el destino de gran cantidad tiempo y recursos -sobre todo cuando las nóminas son numerosas- a los efectos de cumplir con toda la normativa vigente en cuanto a la liquidación de salarios, cargas previsionales, impositivas, y gremiales, y así mitigar los riesgos de ser pasibles de reclamos tanto por parte de las autoridades de contralor como de sus trabajadores.

Fuente: iProfesional.com

Frente a la incertidumbre, las empresas prevén un aumento promedio salarial de 31%, sujeto al impacto de las medidas sobre el tipo de cambio, la inflación, el impuesto a las Ganancias y, sobre todo, el número que definan las paritarias.

El cambio de Gobierno trajo nuevos aires en las corporaciones. Si bien aún queda mucho por definir y ver, hay buenas expectativas sobre lo que pasará en la Argentina y eso, sin dudas, influye en el futuro salarial de los ejecutivos.

Se espera que se vaya desacelerando la inflación y se reduzca la carga del impuesto a las Ganancias, aumentando el poder adquisitivo del empleado; que los ajustes vuelvan a ser por mérito; que mejore la dinámica del empleo profesional; y que se fortalezcan las relaciones internacionales, atrayendo nuevas inversiones.

De cumplirse estas expectativas, el escenario que le espera a los sueldos de los profesionales es optimista. Sin embargo, paso a paso. Nadie se anima a adelantarse tanto a estos hechos. Actualmente, las proyecciones que las compañías hacen respecto al aumento salarial para la primera parte de 2016 tienen bases en el pasado y no en el futuro.

Las empresas tienen aprobados sus presupuestos para el año que viene desde antes de las elecciones nacionales. Si bien, según Ignacio Martínez, gerente de Servicios de Información Salarial de Hay Group, la mayoría de las compañías intentaron estirar los tiempos tradicionales de la entrega de presupuestos lo más que pudieron -para tener mayor certeza sobre los posibles cambios políticos y económicos que podría tener la Argentina-, la incertidumbre y la necesidad de presupuestar hicieron que se vaya a lo seguro y se tomen datos de años anteriores.

Para el año que viene, las consultoras prevén un incremento salarial promedio del 31% para el personal fuera de convenio. La lógica de esta cifra descansa en los porcentajes que se vienen manejando. "El ejercicio es simple: este año el salario va a cerrar en 31,8%, entonces repliquemos el mismo número porque no tenemos información para basarnos en otra cosa", describe Martínez.

El fantasma de la devaluación que ocurrió en enero de 2014, que aceleró la inflación más de lo esperado, aún persiste. A las empresas les costó acomodarse a ese suceso y tuvieron que negociar un mayor presupuesto para responder a los aumentos salariales. Aprendida la lección, nadie quiere repetir el error, así que todos permanecen a la expectativa. "Entendemos que, en caso que el nuevo Gobierno implemente medidas que puedan impactar en los salarios, las empresas estarán atentas a efectuar cambios en este presupuesto, que ya tienen aprobado", afirma Marcela Angeli, directora de Towers Watson.

Sin embargo, todo dependerá de la inflación y las negociaciones de convenio fundamentalmente, indica Valeria Bohorquez, directora del negocio de Talent de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay. "Nuestro último relevamiento a diciembre plantea un presupuesto promedio para incrementos del 30%. Aún es algo pronto como para estimar tendencia de inflación y de ajustes por paritarias", insiste.

Matías Ghidini, gerente General de Ghidini Rodil, explica que el ajuste salarial se realizará -como se venía haciendo- en dos tramos, el primero más fuerte entre marzo y abril, y el segundo, complementario, por septiembre u octubre. "De todos modos, es probable que las compañías relojeen de costado el impacto de las medidas del nuevo Gobierno y ajusten si resultase necesario. Puntualmente, cualquier escenario de devaluación, obviamente, alteraría el 30% y generaría un recálculo inmediato", explica.

Por su parte, Martínez sugiere a las empresas que comiencen a plantearse distintos escenarios a futuro sobre lo que podría ocurrir para tener mayor reacción en caso de que sucedan. "Hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar, pero todos afirman que algo ocurrirá. El problema es que nadie sabe qué, ni cuándo ni en qué magnitud", sostiene.

A la expectativa "El año 2016 trae vientos de cambio e importantes expectativas de inversiones en el país que redundarán, eventualmente, en una reactivación del crecimiento económico y mayor actividad al ámbito privado. Cuando esto sucede, el mercado laboral también se reactiva, hay mayor movilidad y los salarios siguen al juego de la oferta y demanda de empleo y de determinados perfiles", describe Bohorquez.

Si bien cada medida del nuevo Gobierno liderado por Mauricio Macri es analizada con cautela, realmente existen expectativas de cambio en la política económica que mejoren la dinámica del empleo profesional. "Esto, sin dudas, alterará las condiciones de negociación salarial desde varios ángulos", señala Ghidini.

El gerente General observa que, si la inflación comienza a desacelerarse, la urgencia por la revisión salarial debiera ir disminuyendo, quitando peso sobre el componente inflación y pasando al ajuste por mérito. "Conforme la economía se recupere y estabilice, es lógico suponer que en las empresas la tensión sobre los sueldos ejecutivos tenderá a disminuir. Ciertamente, no existe un plazo claro para esto, pues dependerá de la suerte de la gestión del nuevo Gobierno", dice.

En tanto la inflación comience a controlarse y moderarse, volverá a tener mayor espacio y relevancia la posibilidad de reconocer el mérito vía aumentos de sueldo diferenciados, de acuerdo al desempeño de cada empleado, agrega Bohorquez. De esta forma, los ajustes salariales del personal fuera de convenio, nuevamente, se vincularán mayormente sobre el eje de la performance y el mérito profesional.

Frente a este posible nuevo escenario, tendrá que ser la gestión de Recursos Humanos de las empresas la que restituya el concepto de "meritocracia", el cual se ha ido perdiendo frente a presupuestos salariales por debajo de la inflación real, señala Angeli. "Los ascensos y promociones, el cumplimiento de los objetivos o proyectos, y las evaluaciones de desempeño son los caminos para conseguir mejoras económicas", destaca Ghidini.

Pero, todavía no se pueden dejar a un lado las negociaciones por convenio colectivo -cuyos acuerdos están vinculados al entorno político y social-, dado que jugarán un papel preponderante en los sueldos que, por el momento, tendrán los profesionales no sindicalizados. "Desde hace unos años que el porcentaje en el que se cierra cada paritaria termina por definir los sueldos ejecutivos. En este sentido, se estima que las negociaciones van a ser más tensas y complejas", describe Ezequiel Palacios, socio Director de Glue Consulting.

Miguel Terlizzi, director General de HuCap, advierte, a partir de lo que se puede vislumbrar de las paritarias, que nadie, en general, y menos los gremios, querrá resignar poder adquisitivo. "Si bien se podría pensar en un escenario de negociación en base a una inflación futura, lo acontecido en materia de remarcación de precios ya anticipa que habrá pisos que reflejan la ‘avivada criolla’", analiza. Lo que podría terminar de definir el escenario y porcentuales de negociación depende de cómo se termine desarrollando el impacto de las medidas económicas del nuevo Gobierno. Y aún hay que esperar.

Más o menos ganancias Otra expectativa en vistas al salario ejecutivo para 2016 está relacionada con la reducción de la carga del impuesto a las Ganancias, que fue una promesa electoral de Macri. "Tarde o temprano ocurrirá y, cuando eso suceda, sin dudas, los sueldos ejecutivos se verán beneficiados", afirma Ghidini. Sin embargo, aún se desconoce en qué sentido y qué efecto tendrán las posibles modificaciones en los salarios. "Igualmente, creemos que el mayor impacto, en caso de existir algún cambio, será en los ejecutivos de mandos medios", dice Angeli. Palacios coincide y agrega que si, además, las medidas tendientes a bajar la inflación funcionan, entonces un importante número de ejecutivos -sobre todo en posiciones de mandos medios- contará con un mayor poder adquisitivo.

Asimismo, según Ghidini, los más beneficiados de esta posible medida serán las áreas de Recursos Humanos, que podrán volver a "gestionar las compensaciones de manera profesional, desechando las distorsiones actuales, tales como ofrecer y negociar salarios en valores netos en mano o generar medios de pagos alternativos informales para ejecutivos de altas jerarquías".

Tanto la inflación, las negociaciones paritarias como la reducción en la carga del impuesto a las Ganancias tendrán efecto en el solapamiento salarial, uno de los temas que más preocupación causó en estos últimos años. Se espera que el mismo se vaya corrigiendo en la medida en que los aumentos para los de fuera y dentro de convenio estén alineados. "El solapamiento de netos podrá desaparecer una vez que se vuelva más racional el cálculo del impuesto a las Ganancias y se eliminen las normas distorsivas que se han implementado en los últimos años", concluye Bohorquez.

Siguiendo con la lista de expectativas, desde Towers Watson, Angeli considera que el mayor impacto que puede venir del nuevo Gobierno son las buenas relaciones internacionales y la seguridad institucional, que permitirían atraer nuevas inversiones en el país por parte de las empresas.

Por su parte, Palacios entiende que el aumento en el tipo de cambio facilitaría que los salarios argentinos sean más competitivos en la región y esto podría impulsar que más empresas multinacionales decidieran invertir y establecer nuevamente su hearquarter regional en el país.

"Si bien los cambios no se darán de la noche a la mañana, se espera que esta nueva gestión genere una renovada confianza de inversores extranjeros en el país, además de nuevas inversiones locales, generación de fuentes de trabajo, así como el acceso a nuevas prácticas de gestión", resume María Fernanda Alvarez Apa, manager de People & Change en PwC Argentina.

Ganadores y perdedores La Argentina está atravesando un momento de mucha incertidumbre, en donde la predisposición para negociar los incrementos salariales aún es baja. "Las compañías están muy expectantes respecto de las primeras decisiones que se tomen y esto hace difícil prever cuáles serán los sectores y posiciones que más se beneficiarán y cuáles se verán más perjudicados", explica Palacios.

Sin embargo, los consultores sostienen que hay buen augurio para las economías regionales que se espera que se reactiven, beneficiando a industrias tales como las agroexportadoras. Martínez considera que la eliminación de retenciones para el campo y las exportaciones regionales va a generar un impacto positivo en los sueldos.

Carolina Charnis, gerente de Compensaciones de Aon, también suma, dentro de los sectores con buenas perspectivas, a energía y minería. "Tendrán un papel importante en 2016 y las posiciones que se beneficiarán o se destacarán son los puestos especializados de cada industria", indica.

A su vez, la suerte de las automotrices y autopartistas estará un poco más relacionada con la evolución del mercado brasileño, pero también podría repuntar, estima Bohorquez. En cuanto al consumo masivo, puede verse incentivado si la inflación se controla, así como la industria financiera, si crece la actividad económica general del país.

Respecto a las industrias que podrían salir perdiendo en 2016, el panorama todavía no está tan claro. Martínez se adelanta y dice que, si se abren las importaciones, sectores industriales que ensamblan electrodomésticos o artículos tecnológicos podrían llegar a verse golpeados. "Aunque hay que ver y entender las medidas que se tomen", enfatiza.

Los desafíos que vienen Si bien las expectativas respecto al país y los salarios ejecutivas son positivas, las empresas y el Gobierno tendrán que enfrentarse a varios desafíos.

Para el año próximo, uno de los puntos principales a analizar tiene que ver con cómo hacer más competitivo el mercado argentino al mundo, entendiendo que tanto el tipo de cambio como los niveles inflacionarios definirán esto. En vista al contexto que se acerca, las negociaciones salariales son un reto inmediato. "Hay que esperar a conocer las nuevas medidas del Gobierno y qué papel tomará en relación a las paritarias, porque éstas van a ser un punto de conflicto", indica Charnis.

De acuerdo con Palacios, el mayor desafío para las empresas está en revertir el solapamiento salarial que se viene produciendo en los últimos años y hace que hoy, en una misma estructura, convivan posiciones más operativas con salarios más altos que quienes ocupan puestos jerárquicos.

Por otro lado, Ghidini alerta a las empresas para que pongan foco en cuidar a sus talentos clave. "Si aumentan las ofertas laborales profesionales, las compañías tendrán que estar más atentas a sus políticas de compensaciones y beneficios porque dispondrán de menos margen para dilatar aumentos", argumenta.

"El año 2016 será, sin dudas, de transformación para la Argentina, en el cual se espera pueda disminuir el nivel de inflación y lograr estabilidad respecto del tipo de cambio para atraer inversiones. Si bien es posible que el primer semestre represente un periodo más desafiante, ya que las medidas a tomar son complejas, serán las que impulsen el crecimiento del país", concluye Palacios.

Fuente: Cronista.com

La difícil carga impositiva que soportan las personas físicas ha crecido significativamente en términos porcentuales ante la falta de actualización de las escalas del Impuesto a las Ganancias y en los importes correspondientes a los mínimos no sujetos a tributación y, por ende, ha generado un alto impacto en el salario de bolsillo de los asalariados que continuaron alcanzados por el gravamen durante el año 2015.

Ante tal escenario, las compañías buscan alternativas a la hora de paliar la mencionada presión tributaria y revertir la insatisfacción de los empleados que sufren mes a mes, retenciones cada vez más importantes.

En tal sentido, muchas compañías han optado por el cómputo mensual de las percepciones por compras en el exterior, paquetes turísticos y moneda extranjera, de modo tal de reducir el impacto de las retenciones del tributo sobre los salarios.

Esto, aun cuando la AFIP, en su sitio web y en respuesta a consultas efectuadas por el colegio de contadores, ha sostenido que las mismas recién podrán devolverse en la liquidación anual que deben efectuar todos los empleadores al concluir el año fiscal.

Asimismo, esta duda persiste ante la reciente publicación de la resolución general 3819 que, post devaluación, deroga las percepciones por compra de moneda extranjera y por uso de tarjeta de crédito en el exterior y reduce al 5% las percepciones por adquisición de paquetes turísticos y pasajes de transporte al exterior abonadas en efectivo.

En este sentido, cabe aclarar que la resolución general 2437 dispone en su artículo 14 que la liquidación anual deberá practicarse no más tarde del último día hábil del mes de febrero del año siguiente, aunque no aclara a partir de qué momento podría efectuarse.

Bajo dicho argumento, muchas compañías han procedido a computar el importe informado por los empleados en concepto de percepciones en el último pago salarial (sueldo o aguinaldo) a efectuar en diciembre de 2015.

En este caso, respetando el criterio fiscal y sin tomar riesgo alguno, el empleador adelanta la devolución de las percepciones más de dos meses y luego efectúa una "nueva" liquidación anual complementaria en febrero de 2016, a los fines de considerar otras modificaciones informadas por los empleados con respecto al período fiscal 2015.

Recordamos que, conforme lo establecido en la resolución general 3418, la presentación del formulario F. 572 web podrá ser efectuada hasta el 31 de enero del año siguiente.

Por otra parte, es dable mencionar que a través de la Ley 27.073 (promulgada el 9 de enero de 2015), se modificó el artículo 122 del Régimen de Contrato de Trabajo, estableciendo como fechas de vencimiento del pago del aguinaldo de la primera cuota los días 30 de junio y de la segunda cuota, los días 18 de diciembre de cada año.

Con respecto a esta cuestión, el impacto de Ganancias pudo empañar el beneficio financiero de esta medida, habida cuenta que al cobrarse durante el período fiscal 2015, el medio aguinaldo de diciembre se hubiese encontrado alcanzado -en muchos casos- a la alícuota máxima marginal del 35%, el cual será retenido en su totalidad al momento de realizar el pago.

No obstante, en los últimos días, el poder Ejecutivo ha realizado varios anuncios informando que el aguinaldo correspondiente al mes de diciembre quedará exento del impuesto "para todos aquellos asalariados en relación de dependencia cuyos ingresos brutos sean inferiores $30.000".

Fuente: iProfesional.com

Los trabajadores del subte y Premetro exigirán este miércoles un bono extraordinario de fin de año por única vez, de $10.000 a cambio de no interrumpir los servicios a partir de este jueves. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, argumentó que ese dinero es "para compensar" lo que definen como un "desbarajuste en los precios" que está afectando el bolsillo. "Los recientes aumentos de precios han dinamitado el poder adquisitivo de los trabajadores y el reclamo de un bono de emergencia apunta a tratar de paliar la situación", expresó Pianelli. En este sentido, dijo que existe "una gran preocupación por la situación abierta tras la devaluación" y contó que este miércoles tendrá una audiencia con la empresa (Sbase) donde reclamarán ese dinero. "En caso de no ser otorgado, nos obligará a tomar medidas de fuerzas, probablemente paros en el servicio", advirtió. Al respecto, el sindicalista precisó que "la paritaria firmada por AGTSyP va de marzo a marzo, pero al igual que la mayoría de los convenios salariales, incluye una cláusula que permite compensaciones, que se han pagado otros años, en caso que existiera un desbarajuste en los precios, que es lo que está sucediendo". "El panorama político y económico es muy complejo, a la devaluación y la suba de precios, se suma la negativa a otorgar bonos que compensen la pérdida, el anuncio que no van a medir la inflación y las gravísimas declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, que amenaza y chantajea abiertamente a los trabajadores para que aceptemos mansamente la transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía", se quejó, en declaraciones a la agencia estatal de noticias Télam. Pianelli manifestó que espera poder sentarse a discutir y dialogar una posible solución porque "no se puede aguantar a marzo con esta escalada de precios". Y amenazó con suspender el servicio a partir de este jueves y por tiempo indeterminado en caso de no llegar a un acuerdo. Al ser consultado sobre la razón por la cual, a diferencia de otro momento no realizarán medidas escalonadas, como la apertura de molinetes, Pianelli explicó que "esa no es una alternativa posible ya que en los últimos conflictos, la empresa apeló a la judicialización a través de la justicia contravencional, por la que hoy hay compañeros acusados a los que se les pide una multa $30.000 por haber participado de la protesta". El dirigente de los metrodelegados también se refirió la posible unificación o articulación de las diferentes centrales sindicales y opinó que cree que "hay que hacer una mesa sindical detrás de dos demandas básicas que apunten a mantener las condiciones salariales y de empleo de los trabajadores: un aumento de emergencia para mantener el poder adquisitivo y prohibir los despidos".

Fuente: iProfesional.com